Viviendas vacías, derecho a la vivienda y propuesta de canon.

El Gobierno vasco ha propuesto imponer un canon de nueve euros diarios a los pisos vacíos, (ver noticia). No parece una mala propuesta. En España, cientos de viviendas se encuentran vacías mientras cientos de personas no pueden acceder a una vivienda digna. La razón, como se sabe, es doble. En primer lugar, la especulación. En segundo lugar, los ahorradores se decantan por la inversión en ladrillo huyendo de los riesgos de la inversión bursátil debido a que nada, debido a la primera razón, genera tanto beneficio. El año pasado, en el 2005 la vivienda subió un 16% y en el 2006 un 10%. Una bajada que parece un éxito pero que, simplemente, sigue siendo una tragedia.
Así las cosas, los inversores, con lógica, no quieren correr ningún riesgo y no alquilan los pisos lo que hace que el precio del alquiler no baje. Al no bajar, pagar un alguiler cuesta tanto como una hipoteca lo que, evidentemente, no hace bajar la demanda de compra de vivienda y, por tanto, no hace bajar el precio.
¿Qué hacer? La solución no parece difícil. La inversión inmobiliaria es tan alta porque es rentable. Hay que bajar la rentabilidad. La solución sería realizar un mapa de vivienda vacía y gravar fuertemente con impuestos la falta de uso de la misma. De esta manera, se fomentaría el mercado de alquiler, previsiblemente disminuiría la demanda de vivienda y a menor demanda, menor precio.
El procedimiento de alquiler se realizaría a través de la agencia estatal correspondiente, creada al efecto, que garantiza el pago y el cumplimiento del contrato a los propietarios.
La propuesta del gobierno vasco es un primer paso en esta línea y es una propuesta más que positiva. No obstante, no deja de ser curioso las críticas a la misma. Básicamente, que es un ataque a la propiedad privada y un intervencionismo inadmisible en el mercado.
La propiedad privada está más que garantizada en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, la propiedad está limitada por la función social. Esto es así en un Estado social como el español, límite reconocido a nivel constitucional. La crítica de la intervención en el mercado, simplemente, no se sostiene. Existen ocasiones en los que el Estado debe intervenir para garantizar derechos de los ciudadanos -como es el caso de una vivienda digna, que es un auténtico derecho por mucho que no esté incluido en el Título I, Cap. II, Sección I, de la constitución-. La crítica no me extraña. Lo que me deja alucinado es que lo hagan los mismos que acusaban al gobierno de no haber intervenido antes en Air Madrid.